Verdadera resocialización?

El 54 % de los encuestados considera que la cárcel es una buena herramienta del Estado para disminuir los problemas en la sociedad, respuesta que probablemente está influenciada por el gran temor que se tiene a estos personajes, y la legitimidad que ha ganado el discurso punitivo que emana del Estado.   Sin embargo el 76 % de los mismos respondió que No consideraba que la cárcel fuese un lugar donde efectivamente logran rehabilitar y reintegrar socialmente a los delincuentes. Como bien lo establecen las lecturas de Iturralde “Durante las últimas dos décadas los gobiernos colombianos han sido incapaces de adelantar de manera coherente y decidida las reformas económicas y sociales indispensables para, al menos, reducir la creciente brecha entre las clases alta y media, por una parte, y entre éstas y las clases más bajas en la escala  social ―casi la mitad de la población colombiana―En cambio, tales gobiernos han acudido a una política criminal represiva e improvisada como el instrumento más efectivo y económico para manejar los problemas y conflictos de la sociedad colombiana” (6) (Iturralde, 2010)

No se desconoce entonces, la grave falla en el sistema penitenciario Colombiano, quien no ha podido cumplir con su función principal de disminuir la delincuencia, ni mucho menos el de rehabilitar a los criminales correctamente para evitar que vuelvan a caer en el mismo ciclo.

Al contrario, “la desigualdad aumenta y los complejos problemas sociales que surgen de la desigualdad y la pobreza se reducen a problemas de criminalidad que se deben enfrentar con el poder punitivo. El resultado es un Estado que castiga a los más pobres y excluidos encerrándolos en circunstancias infrahumanas en las cárceles”(7). Y ya una vez en estas, dado a las condiciones de malos tratos, abusos, violencia, violaciones masivas de los derechos de los internos, se crean individuos enfurecidos, vengativos y con ansias de delinquir (esto demostrado en el número de reingresados existente en Colombia).

Si se tratara de disminuir la violencia y el delito se implementarían políticas mas contundentes que establezcan un vínculo estrechamente ligado entre la desigualdad y la violencia social, y en vez de acrecentar la criminalización de sectores que ya en si son marginados por la sociedad y el sistema, se enfocaría en la inclusión de estos, mediante programas sociales o al menos para que las cárceles cumplieran con la función que estas tienen de resocializar, a través de talleres y programas pedagógicos  y de trabajo que permitieran la efectiva reinserción a la sociedad con habilidades de utilidad para los mercados laborales.(8)

Por Ultimo es necesario que el estado cumpla con los derechos y las garantías que son de carácter inalienable como lo establece Sentencia T-596 de 10 de diciembre de 1992. “La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros.”